Ante la problemática de la toma de tierras y las usurpaciones que parecen no encontrar una solución, productores de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero desarrollaron el “Primer Foro Consenso Tucumán por un Norte Grande Sustentable y en Paz”, el último sábado. En el marco de ese evento, los participantes coincidieron en la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 26.160 (ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas), por el estado de desigualdad en el que pone a los propietarios de las tierras.

“La Constitución Nacional establece que no puede haber categorías entre ciudadanos y esta ley dice que en caso de conflictos que tengan como protagonistas a las comunidades originarias será el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) quien juzgue la tenencia o titularidad y prohíbe dictar medidas cautelares, amparos o desalojos, como si se tratara de una justicia paralela”, manifestó Roberto Palomo, productor de Tucumán y vicepresidente de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

En diálogo con LA GACETA, el dirigente rural detalló que en la provincia el conflicto con las comunidades originarias se registra con mayor frecuencia en los valles, mientras que los productores ubicados en la zona del pedemonte deben lidiar más que nada con la toma de tierras como consecuencia de la crisis habitacional. De acuerdo a sus registros, en el último año y medio se perpetraron entre cinco y seis usurpaciones, que en su mayoría ya fueron desarticuladas.

En relación al rol que cumple el Estado provincial ante estos conflictos, Palomo manifestó que a pesar de haberse pronunciado a favor de la propiedad privada, el Poder Ejecutivo “no actúa en la prevención” de la problemática y cuestionó que en muchas ocasiones dicho estamento termine avalando las usurpaciones al dotarlos de luz, agua y una solución dominial. “Y por parte de la Justicia, depende del juez que te toque”, enfatizó el productor.

¿Revés del Congreso?

La ley, sancionada en el año 2006, declaró en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, pero ante la imposibilidad de cumplir con los plazos propuestos la normativa se fue prorrogando. Por estos términos, los productores rurales coincidieron que la normativa “es peligrosa” y puede perjudicar posibles inversiones en la provincia por temor a las usurpaciones.

A pesar de estas miradas, la Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción (el pasado 28 de octubre) a una nueva prórroga de cuatro años la emergencia territorial. Mientras el Frente de Todos impuso su mayoría para alcanzar la sanción, los representantes del bloque de Juntos por el Cambio cuestionaron la nueva prórroga y calificaron la propuesta como “un suicidio institucional para nuestro país” a raíz de la conflictividad que demostró generar la ley, sobre todo en la Patagonia con los ataques de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Con este nuevo plazo se espera que el gobierno culmine el censo que permita determinar quiénes son los pueblos originarios y qué tierras ocupan. Hasta tanto, el conflicto sigue latente y las respuestas no aparecen.

Finalmente, Palomo adelantó que en las próximas semanas, productores de distintos puntos del noroeste argentino podrían presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plasmar este planteo de inconstitucionalidad de la ley.